Puede parecer absurdo, o incluso vacío de sentido, que desde Punto Nodal nos sumemos a este Manifiesto, deja que te explique por qué no es así.

Soloraf (y futuras iniciativas) existe sólo en Internet, es fruto tanto en su parte tecnológica como en la conceptual del avance que ha supuesto el Protocolo IP para todos nosotros. El ADN de este proyecto de comercio electrónico, al fin y al cabo un espacio de intercambio de bienes, está enraizado en la creencia de que una Internet libre supone una mejora para las relaciones humanas entre las que el comercio se situa como una de las más importantes.

Dar poder a una organización civil para que sin vigilancia judicial pueda decidir a quien o qué promover a un corte de servicio puede convertirse en el primer paso de una escalada hacia que grupos de cualquier índole decidan por encima del poder judicial. Creemos que esa opción vulnera el principio fundamental de Derecho a la Intimidad recogido en la Constitución Española y abre un camino donde un grupo con capacidad de presión política o económica pueda llegar a decidir quien juega o no en el patio digital. Tanto si hablamos de Industria Cultura como si hablamos, por qué no, de Alimenticia.

El panorama de inseguridad jurídica para las empresas electrónicas que puede sentar este punto de la Ley de Sostenibilidad es, cuando menos, temible.

Creemos que este tipo de iniciativas, este Manifiesto, es una expresión pequeña en un mundo muy grande pero, por primera vez en la historia, tenemos la capacidad de que miles de pequeñas voces se oigan muy fuerte y nos sentimos muy orgullosos de poder participar en ello.

Juan Pablo y Leo.

Manifiesto "En defensa de los derechos fundamentales en internet"

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que...

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.